Europa, que se presenta ante el mundo como defensora de los derechos humanos, enfrenta hoy un espejo incómodo. Detrás de las promesas de refugio y protección, una red de vigilancia silenciosa alcanzó a miles de personas que llegaron buscando una segunda oportunidad. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) compartió ilegalmente datos personales de miles de migrantes con Europol, exponiéndolos a posibles persecuciones y violaciones de su intimidad. Lo que debía ser control fronterizo se convirtió, según expertos, en un sistema de espionaje institucionalizado.
De acuerdo con una investigación conjunta del diario Le Monde, EL PAÍS y la ONG griega Solomon, entre 2016 y 2023, Frontex transfirió a Europol información sobre más de 13.000 personas, incluyendo nombres, números de teléfono, cuentas de redes sociales y otros identificadores digitales. Todos esos datos fueron archivados en bases de inteligencia criminal europeas, tratándose —según los investigadores— de una violación directa de las normas comunitarias sobre protección de datos.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) auditó el caso y concluyó que Frontex “no estaba evaluando si el intercambio de información con Europol sobre personas señaladas como sospechosas de crímenes transfronterizos era estrictamente necesario para que Europol cumpliera su mandato, tal como exige el artículo 90(2)(a) del Reglamento (UE) 2019/1896”.
En palabras de su informe oficial:
“La responsabilidad de Frontex es cumplir con las salvaguardias específicas impuestas por la ley para evitar que personas que quizá no están bajo interés alguno de Europol terminen en sus sistemas. El procesamiento de datos en una base de datos policial de la UE puede tener consecuencias profundas para quienes están implicados. Las personas corren el riesgo de verse vinculadas de forma errónea con una actividad criminal en toda la UE, con todo el daño potencial para su vida personal y familiar, libertad de movimiento y ocupación que esto conlleva”.
La investigación reveló además que Frontex utilizó su programa interno PeDRA (Processing of Personal Data for Risk Analysis) para realizar entrevistas de “debriefing” a migrantes recién llegados. Supuestamente, esas entrevistas buscaban identificar redes de tráfico humano, pero el SEPD descubrió que los informes contenían datos que permitían reconocer a las personas entrevistadas —aunque Frontex los catalogaba como “anónimos”—. Cada uno de esos informes fue automáticamente remitido a Europol sin una revisión individualizada.
Frente al escándalo, Frontex intentó justificar su actuación. “No se trata de una transferencia masiva de datos, sino de evaluaciones individuales”, declaró Uku Särekanno, subdirector de la agencia, ante la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo. Europol, por su parte, aseguró que la reprensión del SEPD “no significa que el tratamiento de los datos por parte de Europol no fuera conforme con la ley”.
Pero las explicaciones no bastaron. Más de 40 eurodiputados firmaron una carta dirigida a la Comisión Europea exigiendo una investigación independiente y la eliminación inmediata de los datos transferidos. En el documento, alertaron que este tipo de prácticas “contribuyen a la criminalización de migrantes y defensores de derechos humanos” y cuestionaron el papel de Frontex en el entramado de seguridad europeo.
Tras el informe preliminar del SEPD en mayo de 2023, Frontex suspendió las transferencias automáticas y revisó su protocolo interno. De acuerdo con datos citados por Pastorales Sociales de Madrid, a mayo de 2025 se habían presentado 18 solicitudes de intercambio de información y solo 4 fueron aprobadas tras un análisis individualizado. Aun así, la incertidumbre persiste: Europol no ha confirmado si eliminará los datos que recibió de forma ilegal, y expertos en privacidad subrayan que “la responsabilidad no desaparece con el paso del tiempo”.
Para muchos defensores de derechos humanos, este caso va más allá de una infracción técnica. “No se trata solo de datos: se trata de vidas”, afirma la jurista española María José Segarra, especialista en migración y asilo. “Cuando un refugiado huye de una guerra o una dictadura y entrega su información a una autoridad europea, confía en que esa información no se convertirá en una trampa. Lo que Frontex ha hecho erosiona esa confianza y vulnera los cimientos éticos de la Unión Europea”.
La paradoja es dolorosa: Europa vigila a quienes busca proteger. Las mismas fronteras que se abren para acoger se convierten en muros digitales que registran, clasifican y sospechan. Miles de migrantes, exhaustos tras cruzar el Mediterráneo o los Balcanes, confiaron en un sistema que les prometía refugio y acabaron fichados en bases de datos policiales.
Porque en el corazón de esta historia no hay solo cifras ni leyes europeas. Hay miradas perdidas frente al mar, teléfonos intervenidos, nombres tachados en listas que nunca deberían haber existido. Y mientras las instituciones discuten protocolos y competencias, la pregunta permanece suspendida sobre las aguas del Egeo: ¿Quién protege a quienes vienen buscando protección?
