A la medianoche, el plazo cerró oficialmente. El 22 de octubre se puso fin a una etapa que cambió el mapa de aspiraciones de miles de familias latinoamericanas. La Ley de Memoria Democrática LMD, aprobada en 2022, permitió que hijos y nietos de españoles exiliados o que perdieron la nacionalidad durante el franquismo pudieran solicitar la ciudadanía española. Pero la ley tenía una fecha de vencimiento: tres años para tramitar un derecho que en Cuba, por ejemplo, muchos vieron como la oportunidad de escapar de la crisis que asfixia a la isla.

Según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como documentado por El País  hasta octubre de 2025 más de 240.000 personas habían obtenido la nacionalidad por esta vía. Cerca de 400.000 expedientes siguen en tramitación, y más de 800.000 solicitudes de cita se registraron en consulados de América Latina. El de La Habana ha sido, de lejos, uno de los más saturados. Los turnos se agotaban en segundos, los sistemas digitales colapsaban, y muchos optaron por pagar a gestores para intentar conseguir un espacio.

El proceso, en teoría, era sencillo: demostrar la filiación con un español exiliado o que perdió su nacionalidad por razones políticas o de género antes de 1978. Pero la realidad fue mucho más ardua. Para una familia promedio en Cuba, los costos de certificaciones, traducciones y legalizaciones podían superar los 200 euros, una cifra inalcanzable para la mayoría. «Sabemos que aquí aparentemente por la parte legal se resuelve todo, pero todo hay que pagarlo un poco más allá. La persona que menos me pide por gestionarme una certificación literal de nacimiento española me pide 50 euros. Otras personas piden hasta 250 euros. La he solicitado por todos los canales oficiales (…)», cuenta Linet y una persona entrevistada por Diario de Cuba.

Aun así, para miles de cubanos, la ley representó algo más que una reparación histórica. Fue una posibilidad de movilidad, una vía para cruzar fronteras que por otros medios se mantienen cerradas. Desde 2022, el número de cubanos que viajan a España con pasaporte español ha crecido de forma sostenida. No todos emigran de inmediato, pero muchos preparan el terreno: estudian opciones de residencia, homologación de títulos y empleos.

“Yo ya tengo mi pasaporte español”, dice a Human Press Marcos Benítez, nieto de un gallego emigrado a Cienfuegos en los años treinta. “Pero aún no me he ido. Estoy ahorrando para el boleto y para los primeros meses allá. La ley me dio la nacionalidad, pero el camino a emigrar es otro viaje completamente distinto”.

El cierre del plazo de la LMD no significa el fin del proceso, sino una pausa. Los expedientes presentados antes del 22 de octubre seguirán tramitándose, pero no se admitirán nuevas solicitudes. La incertidumbre ahora gira en torno a la posibilidad de una reforma. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) — pide una solución permanente (reforma del Código Civil) para que el acceso a la nacionalidad no dependa de una “ventana” temporal; alerta además de personas que quedarán fuera por saturación o dificultades documentales y reclama que los partidos trabajen en una solución duradera.

Elena Bernardo — directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno — declaró que el Gobierno “está trabajando en una batería de medidas muy amplias” (nuevo reglamento de la Ley de la Ciudadanía en el Exterior y plan de retorno) para dar respuesta a la colectividad y facilitar trámites vinculados a la nacionalidad y retorno. Al mismo tiempo Ángel Víctor Torres — Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática — ha informado cifras y seguimiento de la implementación de la Ley (concesiones de nacionalidad) y, en comunicados y entrevistas públicas, ha hablado del proceso y la posibilidad de medidas relacionadas con la implementación; las ruedas de prensa oficiales del Ministerio reportan los avances y gestión del plazo establecido por la Ley.

Esa propuesta, que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática evalúa, cambiaría profundamente la relación entre España y su diáspora. En la práctica, transformaría lo que hasta ahora ha sido una oportunidad temporal en un derecho permanente, eliminando la angustia del plazo y permitiendo que nuevas generaciones puedan acreditarse como descendientes sin depender de reformas puntuales.

En Cuba, la noticia corre de boca en boca, aunque todavía no hay confirmación oficial. «La esperanza de que mi mamá pueda terminar los años que le quedan sin tener que elegir entre comprar los medicamentos o tomar leche». Dice otra mujer que prefirió hablar bajo condición de anonimato a Diario de Cuba porque «en Cuba no se sabe hasta dónde pueden llegar las cosas«.

Más allá de las expectativas, lo que la LMD ha revelado es una dimensión poco discutida del vínculo entre Cuba y España: el puente entre memoria y migración. Tener la nacionalidad española no garantiza poder establecerse de inmediato en el país europeo. Hace falta viajar, empadronarse, encontrar vivienda, empleo y estabilidad económica. Para muchos recién nacionalizados, el pasaporte es apenas el primer paso de una travesía más larga y costosa.

En Madrid, Claudia Gutiérrez, cubana de 32 años y beneficiaria de la LMD, lo resume con claridad: “Cuando llegas, te das cuenta de que tener el pasaporte no te soluciona la vida. Te abre la puerta, sí, pero adentro tienes que empezar de cero. Busqué trabajo, compartí piso, y poco a poco voy saliendo adelante. Pero si no fuera por mi abuela española, esto no habría sido posible”.

La ley, concebida como un acto de justicia histórica, se ha convertido también en un fenómeno migratorio. En los consulados, los expedientes son más que papeles: son historias de retorno, de fuga, de identidad. Muchos jóvenes no conocen España más allá de los relatos familiares, pero en su imaginario se ha convertido en destino, refugio y punto de partida.

Hoy, con el plazo agotado, el Gobierno español se enfrenta al desafío de decidir si la LMD será una excepción o el inicio de una nueva política de ciudadanía global. Mientras tanto, las carpetas siguen apiladas en los escritorios consulares, y en los hogares cubanos se multiplican los certificados de nacimiento españoles cuidadosamente guardados. Para muchos, representan la promesa de una nueva vida; para otros, la nostalgia de un país que sus abuelos dejaron atrás.

La Ley de Memoria Democrática ha sido, para Cuba, un espejo y un puente. Un espejo que devuelve la imagen de una historia compartida, y un puente que enlaza generaciones separadas por el tiempo y la geografía. Su cierre deja preguntas abiertas: ¿debe la nacionalidad ser temporal o permanente? ¿es memoria o migración lo que realmente mueve a quienes la buscan?

Si España aprueba finalmente una ley sin plazos, la ciudadanía española dejará de ser una carrera contra el tiempo y pasará a ser un derecho que acompaña a la sangre y al apellido. Pero incluso entonces, emigrar seguirá siendo un camino largo, lleno de obstáculos materiales, burocráticos y personales.

La memoria, quizás, no tenga fecha de vencimiento. Pero el futuro —para los cubanos que aún esperan— sigue dependiendo de algo tan simple y tan complejo como una cita consular.